El parlamento de la Unión Europea sancionó el 18 de junio la Directiva de Retorno del Inmigrante Ilegal, en la que se establece el procedimiento para la expulsión de los indocumentados, norma que entrará en vigencia en 2010. A partir de esa fecha, los indocumentados que sean detectados, tendrán derecho a abandonar "de forma voluntaria" el estado miembro en el que se encuentren y dispondrán entre 7 y 30 días para hacerlo.

Vencido este tiempo serán retenidos y enviados a los internados especializados durante un periodo que puede llegar a los 18 meses.

on este infame decreto, la Comunidad Europea pretende limpiar su territorio ante un manipulado discurso en el que ha logrado construir una relación causal entre inmigrantes e inseguridad, criminalizando a miles de personas que emigran en búsqueda de un futuro mejor. Por lo tanto, con la entrada en vigencia de este instrumento quieren lograr deshacerse de ocho millones de hombres y mujeres identificados como innecesarios que habitan en ese continente en una perversa, racista y discriminatoria aplicación profiláctica de darwinismo social.

Ante tal aberración se han levantado las voces de rechazo internacional, desde jefes de Estado y gobierno hasta organizaciones sociales.

El jefe del Estado Hugo Chávez calificó la ley como violatoria de los derechos humanos e instó públicamente a los gobiernos amigos de Europa a vetar lo que llamó "la directiva del bochorno". El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, señaló que su país se unirá al frente latinoamericano propuesto por el primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa para avanzar en la condena de esta ley. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, expresó su preocupación por la norma y reclamó "seriedad, respeto y tolerancia" en el tratamiento de las políticas migratorias. Evo Morales cuestionó la directiva y le recordó a todos los países que integran la Unión Europea que cuando tuvieron guerras y hambrunas sus pobladores huyeron a América y fueron recibidos con los brazos abiertos.

Al rechazo de la xenofóbica ley se sumaron los gobiernos de Brasil, Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina y Perú, entre otros.

La Asamblea Nacional de Venezuela junto con los parlamentos Latinoamericano y Andino deben aprobar acuerdos para enviar a los países de la CE nuestra más enérgica protesta ante la infamia de este decreto que implica un agravio para todos los latinoamericanos y que sólo puede entenderse como una medida racista que vulnera el derecho humanitario internacional e ignora convenios y tratados suscritos en materia de derechos humanos entre los países de América Latina y los europeos.

Es importante acotar que los inmigrantes latinoamericanos que van a Europa, en su mayoría, reciben un tratamiento prejuicioso y son destinados a trabajos de tercera y muchas veces son víctimas de explotación. Por ello hay que recordarle a los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea que ellos en tiempos de la conquista lejos de colaborar con el progreso, desarrollo y avance de la América meridional, sometieron en un gran genocidio a nuestros pobladores para luego adueñarse de nuestros territorios, minas, hidrocarburos y agricultura.

La repulsa a la inicua medida debe llamar a la reflexión a Europa para que entienda que las relaciones entre los países amigos deben estar basada en el respeto, la cooperación fraterna, la complementariedad y el apego supremo a los derechos humanos.